Dime dónde inviertes, y te diré qué defiendes: sindicalismo y fondos de pensión en Brasil

por Eduardo Gudynas – En los últimos tiempos está comenzando a discutirse el cambio de actitud de algunas centrales sindicales en los debates sobre los temas del desarrollo. En especial, se observan resistencias a embarcarse junto a otras organizaciones ciudadanas en las críticas a algunas bases conceptuales, el papel de cierto industrialismo, el alto consumo de materia y energía, y de base material.

Uno de los casos más curiosos se observa con las centrales sindicales de Brasil, y en especial la CUT (Central Única de los Trabajadores), la que apoya decididamente las políticas del gobierno Lula da Silva. En ese contexto, cuando organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, o asociadas a los pueblos indígenas, comienzan a discutir las estrategias de desarrollo de ese país (como su paquete de ayuda al crecimiento), o el papel que desempeñan algunas empresas como Petrobras, no cuentan con su concurso. Por el contrario, la CUT aplaude medidas de dudosa sustentabilidad ambiental, como otorgar enormes créditos a las montadoras de automóviles o promover hidroeléctricas.

El papel de los fondos de pensión puede tener mucho que ver con esta nueva actitud. En recientes informes disponibles en Brasil (publicados por Folha de Sao Paulo, 1 marzo), se constata que esos fondos alcanzan enormes volúmenes: se los estima aproximadamente en  250 mil millones de dólares, que equivalen a un 17% del PBI total del país.

Lo interesante son los principales destinos de la inversión de esos fondos. Así es que entre los tres fondos mas importantes, sus dineros se colocan en empresas como la minera Vale do Rio Doce, el gigante agroalimentario Brazil Foods, la cadena de frigoríficos JBS, empresas en el sector energía como Neoenergía y CPFL, y en infraestructura de transporte, como Invepar.

Como puede verse, casi todas estas inversiones están en sectores e industrias que están en el centro del debate sobre sustantabilidad ambiental y desarrollo. El ejemplo más claro es la minera Vale, involucrada en varias disputas ambientales y sociales. Pero entre las inversiones más recientes se encuentran la exploración petrolera en la costa atlántica, un tren de alta velocidad, y la controvertida represa de Belo Monte.

Casi la mitad de los dineros disponibles en esos fondos provienen del sector de trabajadores estatales: Previ, el más grande, con 133 mil millones de reales, responde a los funcionarios del Banco do Brasil; le siguen Petros, dependiente de Petrobras, y Funcef, del banco Caixa Econômica Federal.

Debido a estas razones, el gobierno central tiene una enorme influencia en las decisiones de inversión de esos fondos. Esta influencia se refuerza debido a que la mayor parte de los directores de esos fondos provienen de la CUT o del Partido de los Trabajadores (véase la impactante lista, por ejemplo, aquí…).

El gobierno alienta ese flujo de inversiones. En setiembre de 2009, el CMN (Consejo Monetario Nacional), permitió un aumento de las colocaciones en inversiones de renta variables, tales como empresas, acciones o adquisiciones, las que son distintas a las de renta fija, como pueden ser títulos de deuda pública (la noticia aquí…). Bajo esas nuevas regulaciones, estos fondos pueden invertir hasta el 70% del patrimonio en ese tipo de destinos.

Muchos comienzan a plantearse que muchas posturas sindicales están vinculadas con este nuevo papel de inversores. Los líderes sindicales difícilmente acompañarán las demandas de ambientalistas y otros grupos sociales contra los emprendimientos de alto impacto, no solo porque entienden que eso pone en riesgo las fuentes de trabajo, sino porque además puede interpretarse que limitará la rentabilidad de empresas donde está invertida su propia jubilación y pensiones. Pero además ejemplifican una nueva alineación de las centrales sindicales con un tipo de desarrollo convencional, de donde se abandona poco a poco el frente de la crítica y la búsqueda de alternativas.

Maria Chaves Jardim, en un seminario sobre estos temas, realizado en 2008, analizaba el papel de los fondos de pensión en Brasil como un “nuevo ethos sindical”, advirtiendo que habría un “nuevo pacto” entre capital y trabajo, y la configuración de relaciones “moralizantes” entre el mercado financiero y algunos segmentos sindicales (leer aquí…).

Es posible que después de todo, y a pesar del escepticismo con que algunos las han tomado, las advertencias de Francisco de Oliveira de 2006, terminen siendo ciertas: la política del PT cada vez más caracterizada por sus bases de clase en descomposición como tales, un populismo emergente, persistencia de la predominancia del capital financiero, la estatización de los partidos y la política, y la persistente privatización de la economía y la vida cotidiana (en Novos Estudos Cebrap, No 75, 2006).

Este factor debería analizarse con más detalle, pero puede ser uno de los que contribuye a las divergencias entre algunos movimientos sociales y sindicatos que se observan en Brasil, pero también bajo otras expresiones en Argentina, Chile, Bolivia o Uruguay. Allí también las centrales han regresado a promover un desarrollo convencional.

Esto también explica los repetidos comentarios teñidos de nostalgia sobre aquellos tiempos en el pasado donde se lograron redes que involucraban a muy distintos movimientos sociales, como sindicalistas y ambientalistas, tal como sucedió con la Alianza Social Continental y sus campañas contra los tratados de libre comercio. Pero los tiempos han cambiado.

E. Gudynas es analista en CLAES D3E.