por Mariela Buonomo – Días atrás la portada del Financial Times, divulgaba la confesión del encargado de Moody’s sobre el fracaso de su compañía en anticipar la crisis (Moody’s chief admits failure over crisis, en inglés aquí …). En efecto, el pasado 23 de abril, el jefe ejecutivo de la conocida calificadora de riesgo admitió frente al senado estadounidense estar desconforme con el desempeño de su empresa, y reconoció la incapacidad de advertir el deterioro que sufría el mercado inmobiliario que desencadenó la crisis financiera en el 2008.
Ayer domingo 2 de mayo, el mismo periódico publicaba la intención de parte de Goldman Sachs de revisar las prácticas de trato con los clientes (Goldman plans to overhaul practices, en inglés aquí …), tras enfrentar cargos de fraude por causar pérdidas billonarias a los inversores (Goldman accused of subprime fraud, en inglés aquí …). La demanda civil presentada en su contra a mediados de abril 2010 por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), asegura que la institución vendió títulos de hipotecas a sus clientes sabiendo que eran de alto riesgo de incobrabilidad. Lloyd Blankfein, actual presidente de Goldman reconoció en una entrevista en CNN que el banco tiene responsabilidad en la burbuja especulativa que derivó en la última crisis financiera. De esta forma, se involucran también las buenas calificaciones que Moody’s ponía entonces a Goldman Sachs, supuestamente, sin advertir estas maniobras.
Todo el sistema financiero estadounidense está bajo la lupa. En el marco de la elaboración de una reforma a la regulación financiera, una comisión de investigación del congreso ha encontrado evidencia que tanto Moody’s como Standar & Poor, dos de las principales agencias calificadoras de riesgo, se han dejado influenciar fuertemente por las entidades bancarias de inversión (Senate inquiry faults rating agencies, en inglés aquí …). Estos bancos les pagaron sus honorarios y las calificadoras deliberadamente ignoraron las señales de fraude en la industria de préstamos que se presentaron en el período previo al colapso financiero.
Tanto Moody’s como Standar & Poor, declararon al senado que reciben presiones de parte de los bancos para que les otorguen calificaciones de triple A, y alegaron tensiones entre las calificadoras y las entidades financieras. Por ejemplo, una de las principales directivas de Moody’s, Yuri Yoshizawa, expresó que: “Siempre ha habido presión de los bancos, y es muy común que los bancos pidan la remoción de analistas”. Asimismo, salieron a la luz presiones que analistas de riesgo ejercieron sobre los bancos para conseguir mejores remuneraciones. Un analista de Moody’s, por ejemplo, dijo a un inversor de Merrill Lynch que su calificación no estaría terminada hasta que se resolviera el “asunto de los honorarios”. Altos encargados hicieron saber también que con la presión de los bancarios e inversores y el énfasis que se da a la cuota de mercado, se ponía en riesgo la calidad de las calificaciones.
Estas mismas agencias, que luego de dos años comienzan a reconocer su incompetencia en avizorar la crisis financiera y admiten ser cómplices de tal desastre, son también las encargadas de evaluar la capacidad de pago de deuda de los países, a quienes califican a través de su índice de riesgo país, en función de su desempeño económico y político, como reflejo de voluntad de pago de sus deudas.
Mientras en EE.UU. ya no quedan dudas del lamentable desempeño de estas compañías, en América Latina el índice de riesgo país sigue cobrando popularidad y continúa teniendo una gran influencia sobre nuestros gobiernos. Más aún, las políticas de la región son estimuladas o inhibidas según las notas que les asignan las más renombradas calificadoras de riesgo internacionales.
Por ejemplo, a mediados de 2008, cuando Standard & Poor asignó el “grado inversor” a Brasil, Lula da Silva, declaraba que “Brasil pasó a ser considerado un país serio, que tiene políticas serias”, y agregó que “pasamos a ser los dueños de nuestra propia nariz, y a determinar la política que creamos conveniente para el país”. En 2010 Brasil continua orgulloso, ostentando el “grado de inversor”.
Ejemplos como este se suceden a lo largo de toda América Latina. Un analista de Moody’s ha confirmado a Costa Rica la posibilidad de otorgarle el codiciado grado de inversión en el correr de este año en base a su desempeño de política económica. Tras la noticia, el gobierno costarricense festejaba el anuncio, declarando que significa un paso importante para el país que da perfil de lugar estable para recibir inversiones, reducción del costo de financiamiento externo, etc.
Y en enero de este año el ministro de economía y finanzas de Panamá, Alberto Vallarino, luego de reunirse con representantes de una de estas calificadoras, Fitch Ratings, destacó de manera entusiasta que los resultados de la política fiscal colocaban al país en una senda limpia para obtener tan deseado grado de inversión. El gobierno panameño ha declarado en varias ocasiones que tiene un viejo sueño de obtener la calificación soberana, basado en que tal calificación atraería nuevas inversiones, permitiría recurrir a otras fuentes de financiamiento y contribuiría al desarrollo del país.
La principal razón de la gran popularidad de este indicador en Latinoamérica es que una buena calificación convierte los países en centros de atracción para los capitales internacionales, y con ello se supone que todo se encamina a una vía directa hacia el crecimiento económico.
La meta de los gobiernos latinoamericanos, en su gran mayoría progresistas, continúa siendo el crecimiento económico. Y con ello la prioridad de las políticas se centra en la atracción de inversiones en capital, en tratar de agradar a las entidades calificadoras y obtener un mejor indicador de riesgo país, relegando cuestiones sociales y ambientales, y confundiendo crecimiento con desarrollo.
En lugar de ello, “ser dueños de nuestras propias narices” debería significar discutir y definir nuestras propias estrategias de desarrollo, especificando y evaluando otros riesgos en relación a nuestras propias metas de desarrollo. Desde CLAES hace ya algunos años que se viene llamado la atención sobre la importancia desmedida que se ha dado a las calificadoras, que históricamente han estado al servicio del mundo financiero, otorgando mejores calificaciones en función de intereses y presiones. Frente a ello se ha propuesto la construcción de un indicador alternativo de riesgo país, que parte de un concepto diferente e incorpora aspectos socioeconómicos y ambientales (información sobre este indicador alternativo aquí …).
Sobra la evidencia para que sigamos ahora la tendencia de la moda del norte y declarar demodé al índice de riesgo país.
M. Buonomo es economista y analista en CLAES D3E.