Ecuador: herencia económica del correismo y una lectura ante la crisis

Correa1por Alberto Acosta y John Cajas Guijarro – Se avizoran tiempos de crisis en el Ecuador. El propio presidente Correa, que exultaba optimismo hasta hace poco, ya anticipa la posibilidad de un decrecimiento. Luego de una larga expansión, el país entra en una etapa de dificultades que desnudan, por un lado, el poder burgués concentrado en el correísmo y, por otro, la fragilidad de su manejo económico, presentado en su momento como “el milagro ecuatoriano”.  Tanto que el propio presidente reconoce ahora que no puede hacer milagros…

“El gobierno de la revolu­ción ciudadana ha perdido el horizonte utópico andino y más bien ha fortalecido un estado desarrollista e inserta­do en el capitalismo global”. Ramiro Ávila Santamaría

Una nueva y peligrosa crisis

Se avizoran tiempos de crisis en el Ecuador. El propio presidente Correa, que exultaba optimismo hasta hace poco, ya anticipa la posibilidad de un decrecimiento. Luego de una larga expansión, el país entra en una etapa de dificultades que desnudan, por un lado, el poder burgués concentrado en el correísmo y, por otro, la fragilidad de su manejo económico, presentado en su momento como “el milagro ecuatoriano”.  Tanto que el propio presidente reconoce ahora que no puede hacer milagros…

La crisis posee algunos factores externos que, evidentemente, no dependen del correísmo (caída en precio del petróleo y apreciación del dólar, por ejemplo). De hecho, desde una lectura totalizadora, el sistema capitalista mundial está entrando en una situación complicada que brinda las condiciones para una nueva crisis financiera y económica. Basta con ver el hundimiento que ha sufrido el mercado bursátil chino, la fuerte devaluación del yuan (quizá intentando reanimar a las exportaciones chinas y contrarrestar la desaceleración), e incluso la decisión de EEUU de mantener sus tasas de interés cercanas a cero, a pesar de que para septiembre de este año se esperaba que las tasas finalmente iban a aumentar Todo esto crea nuevas incertidumbres sobre las expectativas de crecimiento de la economía mundial.[1]

Dado este contexto nada alentador, constatamos que luego de casi nueve años el correísmo no logró sentar las bases para que en el Ecuador se construya una economía diferente, que sobrelleve de mejor manera las condiciones externas desfavorables. Menos aún impulsó la construcción de una economía que comience a superar el extractivismo. Es decir que fuera internamente más sólida e incluso pueda transitar hacia el Buen Vivir o sumak kawsay.

En lo político, el Gobierno concentró el mando en un solo individuo -el gran condotiero en palabras de Gramsci- que, embebido en su poder, busca imponer sus criterios personales como socialmente aceptables (pero, a la final, alineados siempre a intereses burgueses, inmersos todavía en estructuras oligárquicas). A su vez se construyó una tecno-burocracia dócil y activa, que normaliza, disciplina y ordena a la sociedad (ejemplo de esto es el Código Orgánico Integral Penal, como lo menciona Ramiro Ávila[2]). De hecho en el Ecuador se ha consolidado un régimen bonapartista, como se demostró en el balance crítico del Gobierno de Rafael Correa, realizado por varios investigadores de la Universidad Central del Ecuador.

En la fase de expansión económica, el correísmo alcanzó una pax social sostenido en un consumismo masivo y transformando en objetos de marketing a conceptos clave: “izquierda”, “revolución”, “socialismo”, “Buen Vivir”, “Derechos de la Naturaleza”, etc. Simultáneamente trató de invisibilizar la lucha popular contra la modernización capitalista y utilizó al extractivismo para financiar la creación de infraestructura y fomentar el mencionado consumismo.

Aún antes de la llegada de la crisis, esa pax social empezó a quebrantarse. El malestar comenzó a crecer entre los sectores populares y paulatinamente incluso al interior de la burguesía; tengamos presente que una gran parte de la votación de Correa proviene de la derecha, la cual respaldó electoralmente al régimen en tanto este mejoró su capacidad de poder adquisitivo, pero que ahora ya no se encuentra satisfecha. Incluso la propaganda ya no bastó para ratificar la validez de la “Revolución Ciudadana” (recordemos la derrota electoral del 23 de febrero de 2014 a pesar de la intensa propaganda desplegada especialmente en Quito), Y como hemos visto a raíz de las masivas movilizaciones populares, cada vez más se pone en cuestionamiento la legitimidad del correísmo, cuyos rasgos autoritarios fueron desnudados hace un tiempo atrás.

El Gobierno intenta sobrellevar su debilitamiento con medidas represivas de todo tipo -llegando hasta intentar controlar el humor de los caricaturistas- sin dejar de minimizar, silenciar, agredir y hasta encarcelar a sus opositores. El correísmo abandonó pronto cualquier propuesta revolucionaria, lo cual se ratifica en el “arrepentimiento” del caudillo sobre la inclusión del Derecho a la Resistencia en la Constitución.

Más aún, en este contexto de crisis económica corremos el riesgo de volver a transitar por una senda bastante penosa, pero conocida durante “la larga noche neoliberal”[3]. Eso también forma parte de la herencia económica que nos dejará el correísmo, la cual ya se hace ver incluso con la propuesta (a la final privatizadora) de venta al sector privado de las comercializadoras de gasolina de la empresa estatal Petroecuador.

Aunque muchos no lo acepten, pues quizá estén todavía confundidos por la propaganda oficial o porque añoran un régimen abiertamente neoliberal, la (ahora mal llamada) “revolución ciudadana” busca modernizador y sostener al capitalismo. Como respuesta, los sectores populares, trabajadores, indígenas, ambientalistas y, en general, las izquierdas, se han movilizado especialmente por medio de la protesta social y la resistencia. Acorde a esta reacción, las izquierdas deben plantear alternativas que expresen el sentir de la lucha popular.

Analizar esta coyuntura y proponer algunas ideas gruesas de política económica para enfrentar estructuralmente la crisis es el principal objetivo del presente artículo.

El ocaso del boom petrolero

“No me gusta el petróleo ni la minería, pero menos me gusta la pobreza y la miseria”. Rafael Correa (08/03/2014)

Durante el correísmo el extractivismo petrolero se ha mantenido como la base de la economía nacional. Mientras en 2007 el petróleo representó un 52% del total de exportaciones, en 2014 su peso fue del 51%. El correísmo, incapaz incluso de avizorar la paulatina debilidad de la cotización del petróleo en el mercado mundial[4], no ha superado la dependencia petrolera ni ha propuesto una alternativa. Más bien ha ido consolidando esa dependencia al ampliar la frontera petrolera buscando las últimas reservas disponibles.

Como resultado de esa incapacidad para superar la dependencia petrolera, la economía ecuatoriana sigue siendo vulnerable a la caída de los precios del petróleo. Mientras que en agosto de 2014 el crudo Oriente se vendió a un precio promedio de 90 dólares por barril, para agosto de 2015 el precio descendió a 37 dólares (caída del 59%). Respecto al crudo Napo, el descenso es de 84 a 33 dólares en el mismo período (caída del 61%).

Esto ha provocado que disminuyan los ingresos que el país obtiene por exportaciones petroleras: mientras que entre enero a julio de 2014 ingresaron 13 mil millones de dólares por exportaciones de petróleo crudo, en cambio entre enero y julio de 2015 solo ingresaron 9 mil millones (reducción de 4 mil millones). Esto contrasta con los gastos generados por importación de derivados, que para los mismos períodos pasaron de 3,4 mil millones de dólares a 2,4 mil millones (reducción de mil millones). Así, se registra una descompensación de 3 mil millones de dólares.

Si descontamos los pagos por tarifas de prestación de servicios petroleros (de las cuales ya hablaremos más adelante), en una situación hipotética con un precio por barril de crudo ecuatoriano promedio de 40 dólares[5], estimamos que la suma de las exportaciones totales de crudo Oriente y Napo hechas por Petroecuador entre 2015 y 2016 fluctuarían entre 6,1 y 6,7 mil millones de dólares respectivamente. Tales montos estimados representan casi la mitad de las exportaciones registradas en 2014 (11,9 mil millones de dólares). Por tanto, si los precios del petróleo no se recuperan en los próximos años, como el Gobierno (y la misma OPEP) están empezando a admitir, el largo boom petrolero podría haber llegado a su fin.

Por la reducción de las exportaciones petroleras ya se han dispuesto dos recortes del Presupuesto General del Estado: 1.420 millones en enero (580 millones en gasto corriente y 840 millones en gasto de inversión) y 800 millones en agosto de este año (100 millones en gasto corriente y 700 millones en gasto inversión). Originalmente, con un precio por barril de crudo de casi 80 dólares, se planificó un presupuesto de 36,3 mil millones de dólares.

Así, la disminución de los ingresos petroleros genera una contracción de la economía, vía menor gasto e inversión del sector público. Este impacto de hecho ya se observa (en términos nominales) si comparamos el último trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015, donde el PIB nominal disminuyó en -1,64% y en -1,51% respectivamente[6], lo que permite afirmar que la economía ecuatoriana se encuentra en una fase recesiva.

Tal es la complejidad del problema que el Banco Central del Ecuador considera que, a diferencia del PIB nominal anual de 2014 de 100.917 millones de dólares, para 2015 el PIB nominal se contraería a 100.047 millones (reducción de casi un 1%). Esta situación no ha sido observada en la economía ecuatoriana desde el año 2000. Incluso Correa ya aceptó la posibilidad de que este año exista un decrecimiento económico, acompañado por una pérdida de 7 mil millones de dólares por la reducción de las exportaciones petroleras.

Cabe mencionar que un evento similar de reducción trimestral del PIB sucedió durante el último trimestre de 2008 (-5,92%) y el primer trimestre de 2009 (-1,52%). Eso sí, entonces, desde el segundo trimestre de 2009 se retomaron tasas de crecimiento nominal positivas, gracias a la recuperación del precio del crudo y la misma debilidad del dólar. En la actualidad esa posibilidad se presenta esquiva, pues los problemas gestados internacionalmente se pintan mucho más complejos e inclusive de larga duración. Sin embargo, sabemos bien que es muy difícil predecir la evolución de las cotizaciones del petróleo en un mundo plagado de conflictos.

Un punto adicional. Con estos precios bajos se debería reducir las inversiones y reposición de gastos petroleros; por ejemplo paralización de nuevas perforaciones, suspensión de nuevos proyectos extractivistas sean petroleros o mineros, e incluso la reducción de nómina de trabajadores extractivistas de empresas públicas. De todas maneras, es muy probable que el Gobierno trate de mantener el flujo de los ingresos forzando las tasas de extracción de crudo o anticipando recursos provenientes de futuras explotaciones de minerales, como ha sido casi la norma de los gobiernos de países exportadores de materias prima. Esto conducirá a un “crecimiento empobrecedor”[7]: una mayor oferta forzará a la baja los precios de esas materias primas, lo que provocará una mayor caída de sus precios… y por cierto la pérdida de reservas de las materias primas que se exportan, sea petróleo o minerales.

Un dólar más fuerte y una liquidez más débil

Mientras que en este año el precio del petróleo ha ido cayendo abruptamente, el dólar se ha ido apreciando. Esta revalorización de la moneda estadounidense, en una economía dolarizada como la ecuatoriana, provoca la pérdida de la competitividad de sus exportaciones no petroleras. Por ejemplo para agosto de 2014, en promedio, una persona podía adquirir mercancías cotizadas en un dólar solo con 0,75 euros, en cambio para agosto de 2015 para adquirir la misma mercancía cotizada a un dólar se necesitaron, en promedio, 0,90 euros[8]. Es decir, las mercancías cotizadas en dólares se volvieron aproximadamente un 20% más caras para los compradores con euros.

Al mismo tiempo que el dólar se ha ido apreciando, nuestros vecinos, Colombia y Perú, han dado paso a una fuerte devaluación de sus respectivas monedas. Así, en promedio, mientras que en agosto de 2014 con un dólar se adquirían mercancías por 1.898 pesos colombianos o 2,8 nuevos soles peruanos, para agosto de 2015 con el mismo dólar se podían adquirir mercancías equivalentes a 3.013 pesos colombianos o 3,3 nuevos soles peruanos; esto implica una devaluación de casi el 60% en el caso colombiano y del 16% en el caso peruano[9].

Como resultado de la apreciación del dólar y la fuerte devaluación en Colombia y Perú, el Ecuador se encuentra en una situación donde hay un incentivo a aumentar las importaciones. El Gobierno, desde casi el inicio del 2015, intenta controlar este desbalance con la imposición de salvaguardias: sobretasas arancelarias de 5%, 15%, 25% y 45% a alrededor de 2.800 productos. Recientemente la presión se ha incrementado por las crecientes compras que se realizan en el exterior, sobre todo en el sur de Colombia.

En este contexto las salvaguardias se están utilizando como un instrumento (parche) que compense la incapacidad de alterar el tipo de cambio local del país, en una economía con bajos niveles de productividad. Correa, de crítico a la dolarización, pasó a defenderla preocupado por razones políticas. Incluso el discurso oficial ha llegado a argumentar que de no haber aplicado las salvaguardias, sino otro tipo de políticas, el Ecuador “probablemente hoy no tendría dolarización”.

A pesar de intentar frenar la salida de dólares por medio de salvaguardias, la política parece no ser del todo efectiva. En el último trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015 la balanza comercial ha registrado que las importaciones superaron a las exportaciones en más de 2 mil millones de dólares. Para el mismo período, la balanza de pagos ha registrado una salida de 3 mil millones de dólares.

Otro aspecto a prestar atención en estas condiciones es la evolución de la liquidez. Así, mientras en el primer semestre de 2014 la liquidez total de la economía nacional (especies monetarias en circulación, depósitos a la vista, de ahorro, de plazo y otros) creció un 4,6%; para el primer semestre de 2015 esa liquidez total apenas creció un 0,61%. En paralelo disminuyeron considerablemente los depósitos a la vista: -8,13%.

Tanto la salida de dólares registrada en la balanza comercial y de pagos, como la desaceleración de la liquidez total, plantean un escenario monetario bastante débil para una economía dolarizada como la nuestra. Si no fuera por los ingresos de dólares provenientes del financiamiento externo, la economía nacional enfrentaría una sería presión a salir de la dolarización, más cuando la balanza comercial es deficitaria con un saldo de -1,2 mil millones de dólares al primer semestre de 2015. Difícilmente se puede esperar que la inversión extranjera brinde un alivio a esta situación. Tengamos presente que, por diversas razones, las inversiones extranjeras históricamente han sido poco significativas para el Ecuador salvo en aquellos rubros, como el petrolero, en donde puede obtener atractivos beneficios.

La caída de la liquidez también se evidencia de manera clara al ver la evolución de las reservas internaciones del país. Tales reservas disminuyeron de 6,7 mil millones de dólares a inicios del último trimestre de 2014 a 3,7 mil millones de dólares registrados a finales del primer trimestre de 2015: una reducción de 3 mil millones de dólares, bastante similar a la disminución de 3,5 mil millones de dólares observada entre el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009. Sin embargo, para el segundo trimestre de 2015 las reservas muestran una recuperación de mil millones, lo cual en un contexto de menores ingresos petroleros puede explicarse con los desembolsos de deuda externa que últimamente ha recibido el país y que, a su modo, ayudan a sostener la liquidez interna.

De todas formas, la pérdida de liquidez y el no tener reservas complica aceleradamente el escenario económico. Esta aseveración, sin embargo, no puede ser leída como una declaración nostálgica a favor de los fondos de estabilización petroleros existentes anteriormente, que representaban una verdadera aberración económica.

Un último elemento monetario que también debe discutirse es la inflación. Por un lado, en todo el período 2007-2014 la inflación anualizada[10] registrada en el Ecuador ha sido mayor en 2,4 puntos porcentuales a la inflación anualizada en los EEUU. La inflación en el Ecuador posee un componente adicional (posiblemente estructural) que no es tan complejo en los EEUU, por ejemplo la elevada importación de bienes de capital e insumos para el aparato productivo. Por otro lado, entre agosto de 2014 y agosto de 2015, mientras que la economía ecuatoriana registró una inflación anualizada de 4,1%, en cambio para el mismo período en los EEUU la inflación anualizada fue de apenas 0,2%. Así las cosas, la inflación en el Ecuador está adquiriendo importancia especialmente en los últimos meses (por efecto de las salvaguardias, por ejemplo).

El resurgir de la deuda y unas finanzas asfixiadas

“Somos complementarios con China, ellos tienen exceso de liquidez y escases de hidrocarburos, nosotros tenemos exceso de hidrocarburos y escases en liquidez. China financia a Estados Unidos, y pudieran sacar del subdesarrollo a Ecuador. […]”. Rafael Correa (02/2012)

En los últimos años la economía del país, y muy en particular su “aceite” -el dinero- se ha mantenido en marcha gracias a los dólares provenientes del endeudamiento externo, como complemento de los estancados ingresos petroleros y más aún cuando se produjo su acelerado descenso. Fiel muestra de este comportamiento es el fuerte crecimiento que ha experimentado ese endeudamiento en menos de dos años.

Para marzo de 2010, luego de la recompra de bonos, el saldo de la deuda externa fue de 7.658 millones de dólares (11% del PIB). Luego la deuda mostró un crecimiento acorde al desempeño económico, hasta llegar, en marzo de 2014, a un saldo de 12.900 millones (12,8% del PIB). Desde entonces, hasta agosto de 2015, la deuda externa se ha disparado abruptamente creciendo en un 58%, llegando a un saldo de 20.382 millones de dólares (20,4% del PIB).

El Gobierno se ha visto altamente presionado a endeudarse para sostener el ritmo de sus inversiones y gastos, transformados en el motor de la economía. Estas inversiones y estos gastos eran indispensables, además, para sostener altos los niveles de consumismo[11], sobre los que basa gran parte de su popularidad el presidente Correa. Por eso, con anticipación y sobra de razón, Paco Rohn anticipó que cuando ya no pueda sostener Correa el consumismo, entrará en crisis política. Incluso hay que anotar que esta expansión fiscal, realizada muchas veces sin una adecuada planificación (como en el subsector eléctrico) y con elevados niveles de ineficiencia y corrupción, se enmarca en lo que se conoce como “ciclo político de la economía”. En estos ciclos, los gobiernos, muchas veces atrapados por lógicas electorales, toman o dejan de tomar decisiones en función de sus cálculos políticos. Esto termina por agravar los problemas posteriormente. Ecuador ha vivido, desde el año 2007, con varios procesos electorales y referéndums, un prolongado ciclo político que ha incidido en el manejo económico.

Volvamos al endeudamiento agresivo del último tiempo. Actualmente el principal acreedor de la deuda externa ecuatoriana es China. La deuda con este país, al mes de agosto de 2015, fue 5.432 millones de dólares. El siguiente acreedor de la deuda es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un saldo de 3.955 millones de dólares. Sigue la Corporación Andina de Fomento (CAF) con un saldo de 2.776 millones. A estas deudas cabe agregar los pagos pendientes por preventas petroleras, que al mes de julio de 2015 representan un saldo por pagar de 1.666 millones de dólares[12]; y la preventa de 116,4 millones de barriles de crudo a la empresa PTT de Tailandia a cambio de un desembolso de 2500 millones de dólares a una tasa de interés promedio del 7%, a 5,5 años plazo, de los cuales se desembolsarían 635 millones de dólares en 2015.

Junto con estas deudas también consta una emisión de bonos soberanos 2014 de 2 mil millones de dólares, a diez año plazo con una tasa de interés del 7,95% y dos emisiones de bonos soberanos 2020 por 750 millones de dólares, a cinco años plazo, con una tasa del 10,5% (real del 13%, en la medida que el Estado habría recibido apenas 700 millones netos) la primera colocación y la segunda a una tasa de rendimiento del 8,5%[13]; tasas extremadamente altas que demuestran la dificultad del país de acceder a créditos internacionales. Dificultad que, como van las cosas, podría intentarse sobrellevar por medio de la obtención de créditos de instituciones propias del capitalismo neoliberal, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho el Ecuador ya retornó al redil del FMI y del Banco Mundial en el año 2014.

Una tabla de salvación han sido las remesas que envían nuestros compatriotas que trabajan en el exterior. Entre 2007 y 2014 han ingresado al país en total aproximadamente 21 mil millones de dólares por concepto de remesas de los migrantes: una cuarta parte de los 84 mil millones percibidos por exportaciones petroleras en el mismo período, pero mayor que los 16 mil millones de dólares obtenidos por exportaciones de banano, el segundo rubro de ventas externas del Ecuador.

Tales remesas, que provienen del exilio económico de miles de ecuatorianos, son, sin embargo, menores a los fondos que el país ha pagado al extranjero por rentas de las empresas extranjeras (salarios y capital), así como por la importación neta de servicios, que entre 2007 y 2014 fueron de 22 mil millones de dólares. Es decir, el desangre de dólares de la economía nacional habría tenido proporciones mucho mayores (y la actual crisis sería mucho más grave) si no fuera por el aporte de nuestros compatriotas en el exterior. Una vez más dichas remesas aparecen como tabla de salvación de la economía nacional, tal como sucedió durante la grave crisis del tornasiglo y luego cuando se impuso la dolarización. Conociendo esto, es desalentador conocer que en el primer semestre de 2015 las remesas se contrajeron un 8,6% en comparación al primer semestre de 2014.

En la actualidad, atravesamos una situación compleja reflejada en el estrangulamiento de las cuentas externas, que se intenta enfrentar con un -cada vez más costoso- endeudamiento externo.

Uno de los resultados de la contracción de los ingresos monetarios en la economía se presenta bajo la forma de déficits fiscales crecientes. Mientras en 2007 el sector público no financiero poseía un excedente de 970 millones de dólares, para 2014 terminó con un déficit de más de 5 mil millones de dólares. Para el primer semestre de 2015, el déficit fue de 580 millones. Aquí se refleja especialmente la caída de los ingresos petroleros.

Pero a pesar de esta reducción de los ingresos del Estado, llama la atención que no haya existido una mayor presión tributaria a través de impuestos directos, como el impuesto a la renta. Sobre todo con un gobierno que se precia de ser socialista. En concreto, para 2007, 2014 y el primer semestre de 2015, el sector público no financiero ha obtenido sus ingresos en el siguiente orden de importancia (sin tomar en cuenta los ingresos por contribuciones a la seguridad social):

  • Ingresos petroleros: 28% (2007), 32% (2014) y 24% (primer semestre del 2015) respectivamente;
  • Impuestos al valor agregado: 23%, 19% y 21%;
  • Impuestos a la renta: 14%, 12% y 16%;
  • Otros impuestos (impuesto a consumos especiales, aranceles, etc.): 9%, 11% y 14%;
  • Superávit de empresas públicas: 7%, 12% y 6%, respectivamente;
  • Otros ingresos (no tributarios, transferencias corrientes, ingresos no operacionales y de autogestión, etc.): 18%, 14% y 17% respectivamente.

Según estos datos el IVA, un impuesto indirecto y por lo tanto regresivo, se mantiene como prioritario en cuanto a ingresos tributarios. A su vez, esto ratifica que el impuesto a la renta no ha sido utilizado como una herramienta para construir una sociedad más equitativa. Es más, como reacción directa a la crisis, existe incluso la posibilidad de que este impuesto disminuya dependiendo de los últimos acercamientos del gobierno con algunas facciones de la burguesía local.

De hecho, en un contexto de crisis, lo justo y socialmente aceptable sería que los grupos económicos con mayores ingresos soporten de manera creciente el peso de la crisis en vez de trasladarlo al resto de la población. Así, quienes más se beneficiaron en la época de la bonanza deben aportar más en la crisis. Y por cierto, debe ser la norma que quien más gana y más tiene, más debe contribuir para el financiamiento de la inversión y gasto fiscales.

El endeudamiento externo agresivo o las medidas parche -como los proyectos de ley de herencia o plusvalía no son las respuestas más adecuadas.[14] Este tipo de reformas no son suficientes para impulsar la redistribución de la riqueza, que no ha sido la meta de este gobierno que se presenta como revolucionario.

Dos visitantes inesperados

Si ya como están las cosas la economía nacional se encuentra en crisis, sin duda la llegada de dos visitantes inesperados -e indeseados- puede complicar aún más las cosas: la potencial erupción del volcán Cotopaxi y un nuevo fenómeno de El Niño.

En términos oficiales, el Gobierno anuncia que dispondrá de 850 millones de dólares para afrontar ambos problemas. Unos 650 millones provendrían de líneas de crédito otorgadas por el BID, la CAF y el Banco Mundial, mientras que los 200 millones restantes se trasladarían desde otros sectores.

Cabría preguntarse si estos recursos serían suficientes para hacer frente al impacto que provocarán ambos fenómenos. En el caso del Cotopaxi se estima que más de 25 mil negocios en la provincia del mismo nombre serían afectados por el descenso de lahares y caída de ceniza volcánica. Aparte, solo en Latacunga, capital de la provincia, se calcula que más de 35 mil personas podrían quedar en la desocupación, 10 mil viviendas podrían ser afectadas y posiblemente se requiera albergue para 45 mil personas. Solo las pérdidas provocadas al sector productivo entre cierre de negocios, manufacturas, caída de exportaciones de brócoli y flores, etc., podrían llegar a superar los mil millones de dólares.

Respecto al fenómeno de El Niño, entre los años 1997-1998 este causó pérdidas valoradas en alrededor de 3 mil millones de dólares (15% del PIB de aquel entonces) que, traídas a valor presente, representarían unos 7 mil millones de dólares. Si bien las condiciones, especialmente en infraestructura, son diferentes a las de aquella ocasión, no cabe descartar que los impactos económicos de este fenómeno serán significativos.

Evidentemente este tipo de fenómenos exógenos son aspectos que no dependen del Gobierno. Sin embargo, llama la atención particularmente la necesidad de recurrir a líneas de crédito como principal fuente de financiamiento para afrontar las emergencias. El Gobierno, que ya va a cumplir nueve años en funciones, definitivamente no ha construido un sistema económico con capacidad para asumir estos retos, que –como lo conocemos de nuestra historia- son recurrentes. Recordemos, además, que a inicios de su gestión el régimen, cuando empezaba la expansión económica, efectuó una importante cantidad de obras y compras públicas declarando situaciones de emergencia, porque la normativa legal le tenía atado las manos. Entonces no había la presión para recurrir al endeudamiento externo como ahora.

Otro aspecto que llama la atención ante el manejo de estas situaciones de emergencia, particularmente respecto al volcán Cotopaxi, es el manejo de la información. Igualmente cabe relievar el manejo político del tema con la declaratoria del estado de excepción en todo el país, precisamente en el mismo momento en que se realizaban grandes protestas sociales en contra del régimen. Tal accionar del Gobierno tuvo una evidente intencionalidad de crear las condiciones para limitar la protesta popular, e incluso frenar el flujo de información de los medios de comunicación.

Consecuencias de la no transformación de la matriz productiva

“Básicamente estamos haciendo mejor  las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” Rafael Correa (15/01/2012)

Luego de observar las circunstancias que actualmente ponen al país en una situación de crisis, veamos qué ha hecho el Gobierno en términos de uno de los puntos que más ha promocionado: la “transformación de la matriz productiva”. Esta necesaria transformación debería haber contribuido a que la economía salga de su condición extractivista y que, por lo tanto, sea menos susceptible de los graves impactos provocados por los vaivenes de los precios de las materias primas en el mercado mundial. Recuérdese que el Gobierno de Correa, como el de los otros gobiernos progresistas, prometió superar esta dependencia extractivista, pero que no solo no lo lograron, sino que la dependencia aumentó.

¿Qué quiere decir el Gobierno por “transformación de la matriz productiva”?

Una primera referencia concreta a nivel gubernamental respecto a la “transformación de la matriz productiva” son las llamadas “Diez apuestas productivas”, expuestas en el 2008. Allí se propuso impulsar las siguientes actividades: pesca y derivados, frutas y vegetales procesados, agrocombustibles, metalmecánica, silvicultura, turismo, consultorías, ingeniería y software, transporte y logística, acuacultura, flores[15].

Con el paso del tiempo se consideraron nuevas actividades económicas y otras se retiraron. Se incluyó al bioconocimiento (asociable a la bioquímica, farmacéutica y ecoturismo) y se dejó de lado la acuacultura y las flores (primer Plan del Buen Vivir, 2009-2013). Pero sin duda, las actividades más llamativas que ingresaron como prioritarias son la minería e industrialización de productos mineros (segundo Plan del Buen Vivir, 2013-2017).

Junto con la minería, también está dentro del cambio de la matriz productiva la construcción de ocho hidroeléctricas: Mandariacu y Toachi Pilatón (Pichincha), Mazar, Quijos y Minas San Francisco (Cañar), Paute Sopladora (Morona Santiago), Delsitanisagua (Zamora Chinchipe) y Coca Codo Sinclair (Sucumbíos y Orellana). Estas obras, de conformidad con las estimaciones oficiales, requerirían una inversión aproximada de 5 mil millones de dólares y aportarían 2.800 megavatios (aporte importante considerando que la “demanda pico” de energía eléctrica en el país asciende a 3.400 megavatios).

Otro aspecto prioritario de la transformación de la matriz productiva es la “apuesta por el conocimiento”, impulsando la creación de nuevas universidades. Aquí, los principales proyectos son la universidad Yachay Tech y la llamada “ciudad del conocimiento”, con un presupuesto inicial de mil millones de dólares para cuatro años (2013-2017).

Un último elemento a considerar dentro del cambio de la matriz productiva propuesto por el Gobierno es la “sustitución selectiva de importaciones”. El objetivo es identificar aquellos sectores donde el Ecuador posea ventajas “comparativas y competitivas” y hacer que esos sectores sustituyan a productos importados selectos.

Conociendo los principales puntos en los que se enmarca la transformación de la matriz productiva, veamos qué se ha hecho en términos concretos al respecto.

Nueve años sin un cambio real de la estructura productiva

Más allá de cualquier propuesta retórica de “transformación de la matriz productiva”, las propias estadísticas oficiales confirman que entre 2007 y 2014 la estructura productiva no ha cambiado.

La manufactura (que contiene a buena parte de las actividades enmarcadas en la transformación de la matriz productiva) entre 2007 y 2014 ha disminuido su participación en el PIB del 14% al 12%. Esto confirma el entrampamiento de la economía ecuatoriana en su tradicional modalidad de acumulación extractivista y primario-exportadora. A pesar de la tan cacareada “transformación” todavía somos altamente dependientes del sector petrolero: 12% del PIB en 2007 y 11% en 2014 (a términos constantes, sin incluir refinamiento).

De las principales actividades del país, la que más aumentó su participación en la economía es la construcción (pasando del 7,9% al 10,1% del PIB). Esto se ha dado principalmente por la fuerte participación del Estado en la creación de infraestructura; situación que difícilmente podrá sostenerse si los ingresos petroleros no se recuperan. Tomemos en cuenta que, para 2014, las exportaciones petroleras alcanzaron un monto equivalente al 69% del total de la formación de capital del país (13 mil y 19 mil millones de dólares respectivamente).

Se puede aceptar que una transformación de este tipo toma tiempo. Pero, al cabo de casi nueve años de gobierno, no hay señales sólidas de que dicha transformación esté en marcha. Además, no es aceptable que para lograrla se quiera profundizar la modalidad primario-exportadora a través de más extractivismo. En síntesis, la dirección de la acción gubernamental está errada.

Igualmente inaceptable es que, sin haber realizado una verdadera transformación de las condiciones de producción del país, (que le den la capacidad de afrontar condiciones externas desfavorables), se firmen tratados comerciales, como con la Unión Europea (que en definitiva es un TLC). Solo tomemos en cuenta que la Unión Europea es el mayor exportador de alimentos elaborados, el segundo mayor exportador de leche y derivados y de carne de cerdo, el tercer exportador de aves de corral… ¿Qué puede esperar la producción local en un escenario de libre competencia con semejante mercado, más aún cuando el país se encuentra en crisis? El golpe a la producción local puede ser muy grave, especialmente si tomamos en cuenta que el país prácticamente cedió por completo en puntos medulares como la propiedad intelectual.

Salida del extractivismo con más extractivismo

En casi nueve años el país no ha superado su dependencia petrolera. En términos generales la modalidad de acumulación de nuestra economía ha mantenido casi intacta su lógica primario-exportadora, es decir eminentemente extractivista. Incluso la oferta exportable del país se ha reprimarizado: mientras en 2007 un 74% de productos exportados eran primarios, para 2014 tal porcentaje aumentó al 83%.

Forzado a enfrentar un escenario post-petrolero por la caída de las reservas, el Gobierno, en concreto, es decir más allá de los discursos, mantiene su brújula en dirección hacia el extractivismo. Apuesta por la megaminería, así como al fortalecimiento de los monocultivos para la exportación de productos agrícolas, incluyendo los agrocombustibles. El correísmo ha conseguido, en este campo, mucho más que los gobiernos neoliberales que tanto bregaron para lograrlo.

Según el recientemente creado Ministerio de Minería, en 2018 empezarían las operaciones de los principales proyectos mineros del país: Fruta del Norte (con reservas de 7 millones de onzas en oro y 9 millones de onzas de plata) y Mirador (con casi 2,3 millones de libras de cobre). Así mismo, entre 2015 y 2025 según el mismo Ministerio –en un cálculo que más parece el sueño de riquezas acumuladas de una lechera que lleva su cántaro al mercado y que a la postre se rompe- se espera que ingresen al país aproximadamente 8 mil millones de dólares en inversión extranjera para minería, generando alrededor de 4 mil millones de dólares en exportaciones anuales e ingresos fiscales por regalías de 800 millones al año[16]. En total, las reservas mineras metálicas podrían estar valuadas en alrededor de 270 mil millones de dólares, dice el Ministerio del ramo.[17]

Precisamente la minería metálica no cumple lo que muchas veces ofrece. Sabemos también que posee fuerte impactos socioambientales. Por ejemplo, la obtención de una tonelada de cobre genera en promedio de 300 a 500 toneladas de desechos y se contamina entre 30 a 500 mil litros de agua, mientras que la obtención de 10 gramos de oro genera entre 20 a 60 toneladas de desechos junto con 7 mil litros de agua normalmente contaminada con cianuro (altamente tóxico). Solo la ejecución del proyecto Mirador implica extraer unos 326 millones de toneladas de desechos (equivalente a cuatro Panecillos, aquel montículo en el centro de Quito), demandando 3.260 millones de dólares en costos estimados de remediación[18].

Las expectativas de ingresos mineros son altamente dependientes de los precios internacionales. Solo tomemos en cuenta que, mientras en agosto de 2011 una onza troy[19] de oro se cotizó en 1.760 dólares, en agosto de 2015 la cotización cayó a 1.118 dólares (reducción del 36%). Respecto al cobre, la cotización cayó de 9.000 a 5.127 dólares la tonelada métrica (reducción del 43%)[20]. Con esta tendencia de precios deprimidos se vuelve aún más cuestionable la verdadera rentabilidad de los proyectos mineros para el Estado. Hay que estar atentos, pues las condiciones finales de explotación se vuelven atractivas para la inversión foránea reduciendo normativas sanitarias, ambientales y laborales, u ofreciendo una serie de subsidios muchas veces ocultos: agua sin costo alguno o tarifas de energía eléctrica con valores bajos. Los delirios mineros a gran escala del correísmo son inocultables.

El hecho mismo de incluir a la megaminería entre las actividades enfocadas al cambio de la matriz productiva, después de ver todas las taras que esta arrastra, implica perpetuar la dependencia del país en otra actividad extractiva. De ese modo, se estaría intentando complementar (y quizá a la larga sustituir) el extractivismo petrolero por el extractivismo minero: ¡salir del extractivismo con más extractivismo!, como reza el discurso oficial.

¿Hidroeléctricas para el cambio?

Pasemos a los proyectos hidroeléctricos. Sin negar la necesidad del aprovechamiento de dicha fuente energética, es necesario reconocer sus altos costos de construcción y su desfase con el incremento de la demanda (junto a una serie de problemas laborales, sociales y ambientales).

En promedio, los proyectos hidroeléctricos han sufrido hasta el momento reajustes que han incrementado sus costos en aproximadamente un 26% por encima de los costos presupuestados y contratados: Manduriacu (135 a 227 millones de dólares), Mazar Dudas (50 a 83 millones), Sopladora (882 a 963 millones), Toachi Pilatón (517 a 589 millones), Minas San Francisco (509 a 684 millones), Delsitanisagua (216 a 335 millones), Coca Codo Sinclair (2.245 a 2.851 millones). En este último caso oficialmente se considera que los 606 millones de dólares adicionales no forman parte del costo del proyecto, sino que se deben a “impuestos” y “obras de compensación”[21]. A partir de estos montos, se estima que el costo promedio por kilovatio de los proyectos públicos es de 4.184 dólares, mientras que en los proyectos privados es de 2.262 dólares (diferencia del 73%.) Estos proyectos “emblemáticos” se financian, en promedio, en un 72% con endeudamiento externo.

Para 2017 se estima un incremento en la capacidad total de generación de alrededor de 4.320 megavatios, superior a las expectativas de demanda considerando que en el 2013 el pico de está llegó a los 3.250 megavatios. Es decir existiría un exceso de oferta que, al menos dentro de los planes oficiales, cubriría la demanda generada por las operaciones del metro de Quito (71 megavatios), minería a gran escala (160 megavatios), petroquímica (255 megavatios) y refinería del Pacífico (390 megavatios)[22].

Incluso, a pretexto de fomentar cambios en la matriz energética, el Gobierno ha llegado a incurrir en costos excesivos por el proyecto de suministro de electricidad generada con energía solar. Se llega a transferir a empresas privadas, de forma innecesaria, alrededor de 160 millones de dólares anuales. Entonces, este también es un proyecto con costos muy elevados, como lo demostró Arturo Villavicencio.

En resumen, estos proyectos hidroeléctricos sí aumentan la capacidad eléctrica del país y transforman la matriz energética por el lado de la oferta, pero a un costo muy alto y con una creciente presencia de intereses extranjeros (chinos). Así, el cambio de la matriz energética podría significar, como bien anota el mismo Villavicencio, en una “política de recolonización”.

Dependencia importadora intacta

Para completar esta crítica a la “transformación de la matriz productiva”, revisemos qué ha sucedido con las importaciones. El aparato productivo es altamente dependiente de las importaciones especialmente de maquinarias y equipos. Tal situación no ha cambiado en este Gobierno: las importaciones de bienes de capital (sin tomar en cuenta equipos de transporte) representaron el 16% del total de importaciones en 2007 y el 18% en 2014. Respecto a las importaciones de materias primas, estas tanto en 2007 como en 2014 representaron un 31% del total. Así vemos que en casi nueve años se ha mantenido intacto el nivel de dependencia del sector productivo a la importación de maquinaria e insumos. No ha existido una “sustitución selectiva de importaciones” para la producción.

Un caso “emblemático” es el tema de la refinación del petróleo, concretamente la construcción de la Refinería del Pacífico y la rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas. En teoría la nueva refinería, cuya primera piedra se colocó en el año 2008, serviría para disminuir sustantivamente o aún eliminar las importaciones de derivados de petróleo (que entre 2007 y 2014 se incrementó a una tasa promedio anual del 17%). esta refinería, incluyendo el complejo petroquímico, tendría un costo aproximado de 11 mil millones de dólares que, de momento, siguen buscando financiamiento externo. Desde el año 2008 hasta la fecha, se han gastado aproximadamente 1.200 millones en actividades complementarias (por ejemplo movimientos de tierras, pagando 235 millones a la empresa Odebrecht), sin que se haya empezado la construcción de la refinería misma y menos aún del complejo petroquímico. Recuérdese que Odebrecht fue expulsada por “corrupta y corruptora” y que está envuelta en graves problemas de corrupción en muchos países de la región, empezando por Brasil.

Aparte de los problemas de financiamiento de la refinería del Pacífico (que incluso dejó de percibir fondos de PDVSA, la cual posee el 49% de acciones), cabe pensar en cuál sería efectivamente la capacidad de refinamiento de petróleo y, según esa capacidad, de dónde provendrían los flujos de petróleo crudo a procesar.

Por su parte, es notable el inoperante manejo en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, cuya rehabilitación y repotenciación estaba prevista en la Agenda Energética 2007-2011, presentada en junio del 2007 por el Ministerio de Energía y Minas. Este reparo es aún mayor teniendo en cuenta, además, que este gobierno disponía de recursos suficientes para asumir esa tarea. En este caso, luego de una cuestionada rehabilitación y aprovechando los bajos precios del crudo, existe el interés de importar crudo liviano y procesarlo en la refinería a fin de “optimizar” su rendimiento.

Como conclusión, en casi nueve años, en el gobierno que mayor cantidad de ingresos ha obtenido en toda la historia republicana (con el gobernante que mayor cantidad de “honoris causa” ha acumulado) no se ha puesto en marcha una transformación de la matriz productiva que empiece a cambiar la modalidad de acumulación primario exportadora.

Al no existir una transformación de la matriz productiva, las exportaciones se concentran en pocos productos primarios, los cuales actualmente se están hundiendo. Mientras tanto se mantienen altas importaciones de bienes de capital y de consumo. Esta situación fuerza al gobierno a buscar financiamiento externo; respuesta muy similar a lo que sucedió a fines de la década del 70 y comienzos del 80 del siglo pasado, cuando el país experimentó la abrupta finalización del primer boom petrolero.

Las nuevas elites en la educación pública

Hablemos ahora sobre la propuesta de cambiar la matriz productiva del país desde el apoyo al “conocimiento” y la “innovación”.

La universidad de Yachay y el proyecto de “ciudad del conocimiento” poseen un presupuesto inicial de mil millones de dólares para el período 2013-2017. En total las cuatro nuevas universidades poseen el siguiente presupuesto inicial asignado para el período 2013-2017: Yachay Tech (439 millones), UNAE (Universidad Nacional de Educación, 439 millones), Universidad de las Artes (232 millones), e IKIAM (Universidad Regional Amazónica, 271 millones) sumando un total de 1.164 millones de dólares[23]. Lo más dramático es que están recibiendo un trato privilegiado cuatro nuevas universidades creadas por el Estado que no llegan a acoger a más de mil estudiantes, mientras que 28 universidades y escuelas politécnicas públicas acogen a 200 mil estudiantes y no perciben los mismos niveles de ingreso en términos relativos.

Junto con esta política de privilegio a estas nuevas universidades, se da la imposición de un examen único de ingreso -estandarizado- sin considerar que las propias desigualdades sociales determinan que un grupo de estudiantes tenga mejores oportunidades de rendir académicamente respecto a otro grupo. Tales pruebas y el enorme fomento que el Gobierno da a la elitización de la educación, parece perpetuar un proceso neo-colonialista de culto al conocimiento occidental convencional. Para nada se da paso a la construcción del Estado plurinacional y del Buen Vivir o sumak kawsay.

No se considera que el problema de la educación en el país no se soluciona formando “élites” (con algunas autoridades universitarias que perciben sueldos cercanos o superiores a los 16 mil dólares mensuales, mucho más de lo que gana el presidente de la República: 6.261 dólares al mes[24], monto que sirve como techo a las remuneraciones del sector público), Es preciso reconocer también que en la educación básica y media, hay falencias que perpetúan las desigualdades, y deben ser superadas.

No se puede pedir una enorme rigurosidad al ingreso a universidades cuando desde los colegios no existe el nivel adecuado de preparación, peor si se promueve una homogenización de bachilleratos, atropellando la heterogeneidad de los individuos. Solo pensemos en las diferencias que se generan entre las personas con capacidad de pagar cursos privados para la preparación académica en comparación a personas que, por su situación económica complicada, a duras penas terminan el colegio.

¿Qué es más urgente, tener un puñado de tecnócratas estudiados en las mejores universidades del exterior (volviendo como especialistas en economía neoliberal, por ejemplo) o democratizar el acceso a la educación promoviendo contenidos emancipadores en términos de los que propone el Buen Vivir? Desde los desposeídos, la educación es fundamental como herramienta de emancipación y democratización, pero desde la lógica del capital lo es desde su necesidad de acumulación. Por eso mientras más capacitada esté la fuerza de trabajo en términos tecnocráticos será más redituable. Otra educación, para construir otro país, más libre y equitativo, demanda tanto calidad como compromiso, garantizando una creciente inclusión sobre todo de la juventud en los diversos espacios educativos. Hoy esto no sucede.

Esta no es una simple opinión. La tasa neta de matriculación en educación superior[25], que venía creciendo entre 2007 a 2011 (25,2% a 30,1%), luego de la introducción del examen de ingreso en 2011, muestra una tendencia decreciente: en 2012 fue de 28,6%, en 2013 de 26,6% y en 2014 de 21,2% (dato provisional)[26]. Junto con esa disminución, en el país se mantiene la fuerte disparidad entre la matriculación de la población urbana y rural a la educación superior. En 2012 la tasa de matriculación urbana fue de 34,9% mientras que la rural fue de 13,8%; en cambio para 2014 las tasas fueron de 25,9% y 10,1% respectivamente. Incluso aceptando los posibles efectos de los cambios metodológicos en las estadísticas de matriculación en educación superior[27], los últimos años no muestran ningún incremento en el número total de personas matriculadas.

Los grandes ganadores de la “Revolución Ciudadana”

“El único problema con los bancos es que están ganando demasiado”. Rafael Correa (24/04/2015)

El gobierno de Correa, como se lee en un documento interno, admite que “nunca antes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor, nunca antes los más excluidos de la Patria estuvieron menos peor”. Así, la reducción de la pobreza vía distribución de los crecientes ingresos fiscales (sobre todo petroleros), sin un cambio en la modalidad de acumulación, vino necesariamente acompañada de una mayor concentración de la riqueza en pocos grupos económicos que, a la postre, sacaron la tajada de león de dichos ingresos adicionales.

Como muestra, en el año 2014 un total de 118 grupos económicos (3.833 empresas) obtuvieron 48,5 mil millones de dólares en ingresos, lo cual representa un 48,2% del PIB. Sobre esos ingresos solo se pagaron, en impuesto a la renta mil millones de dólares, es decir aproximadamente un 2,2%.

En términos más específicos, podemos considerar que los principales grupos económicos favorecidos durante el gobierno de la “Revolución Ciudadana” se agrupan en los siguientes sectores:

  • Servicios petroleros: la mayoría de empresas que estaban en el país lograron una renegociación de sus contratos en el año 2010, que les permitió seguir lucrando durante la época de la bonanza petrolera. Y ahora esos contratos de prestación de servicios, en un contexto de precios bajos del petróleo resultan menos beneficiosos para el país: las empresas privadas cobran una tasa fija por extracción. Así, por ejemplo, la empresa china Petrooriental recibe 41 dólares por barril extraído; o Repsol, AGIP, y Andes cobran alrededor de 35 dólares por barril extraído. Esto genera problemas al país considerando que, al 31 de agosto de 2015, el crudo Oriente cotizó a 40 dólares el barril. Tal es el problema que el propio Correa ha admitido que los precios actuales del petróleo ecuatoriano impiden la obtención de ingresos para el Presupuesto General del Estado al ser menores a 39,40 dólares el barril.
  • Telecomunicaciones: Claro (Conecel) y Movistar (Otecel), controlan el 67% y 29% del mercado, obteniendo ingresos de 1.650 y 689 millones de dólares, con utilidades de 305,5 y 84,6 millones respectivamente. Téngase presente que a estas empresas se les extendió, en 2008, sus contratos de operación en el país hasta el año 2023, en condiciones extremadamente ventajosas.
  • Industria farmacéutica: la Corporación GPF Farcomed-Fybeca y el Grupo DIFARE Cruz Azul obtuvieron en 2013 ingresos por 612 y 548 millones de dólares, con utilidades de 8 y 6 millones de dólares respectivamente[28]. En el año 2001 solamente Fybeca y Sana Sana, que son además del mismo propietario, concentraban el 65% de todos los activos farmacéuticos que hay en el sector, y en el año 2012 esa participación se incrementó hasta el 81%. En términos de ganancias, en el 2001 solo estas dos compañías concentraban el 72% de las utilidades que había generado dicho sector. Para el año 2012, subieron su participación hasta el 80,6%. Hay un incremento no solamente de sus ganancias en términos absolutos sino también de su participación.
  • Supermercados: las corporaciones La Favorita, El Rosado y los centros comerciales Mega Santa María obtuvieron ingresos por 1.756, 1.053 y 311 millones de dólares respectivamente en 2013; y controlan un 91% del mercado[29].

La estructuras oligopólicas no han sido afectadas en más de ocho años del gobierno de Correa. El 71% del mercado de las bebidas está controlado por la Cervecería Nacional y Coca Cola Ecuador; 62% del mercado de las carnes está controlado por Pronaca; 72% del mercado de vehículos es controlado por General Motors – Omnibus BB; 85% del mercado de electrodomésticos es manejado por Indurama; 91% del mercado del azúcar está en manos de 5 ingenios con 3 dueños; 92% del mercado de aceites es controlado por 2 empresas, y así por el estilo[30].

En cuanto a la banca, el propio gobierno ha admitido que ésta ha sido beneficiada durante su gestión. En efecto, solo entre enero y mayo del 2015 los bancos ganaron 132 millones de dólares, un incremento del 7,8% en comparación a los mismos meses de 2014 (122 millones). De hecho, para todo el año 2014 los bancos obtuvieron ganancias por 335 millones, las segundas más altas durante los últimos 10 años, solo superadas por las ganancias de 2011, que fueron de 395 millones de dólares.

Tomando información a diciembre de 2014 vemos que entre los bancos más rentables del país están el Banco del Pichincha (79,7 millones de dólares en utilidades, 24% del total de las utilidades de todos los bancos), el Banco de Guayaquil (51 millones y 15%), el Banco del Pacífico (48 millones y 14%), Produbanco (40 millones y 12%), el Banco Internacional (32 millones y 9%), el Banco Bolivariano (14 millones y 8%)[31].

En esta economía dolarizada, las utilidades de la banca en relación a su patrimonio neto llegaron a superar el 17% en 2011 y habrían bordeado el 13% en 2012; mientras que las empresas de comunicación (sobre todo las telefónicas) obtuvieron beneficios anuales su­periores al 38% en relación con su patrimonio neto.

Otro aspecto preocupante es la distribución de la tierra. Según datos del propio gobierno, mientras en 2007 el índice de Gini de distribución de la tierra fue de 0,78, para el año 2013 el índice prácticamente no cambió, manteniéndose en 0,77. Similares o aún peores niveles de concentración se registran con el agua. Hay que tener presente que las políticas agrarias aplicadas en el país, más allá de algunos programas menores para los campesinos (muchos de ellos con claro contenido clientelar), favorecen la lógica de los agronegocios, impulsan los monocultivos, es decir a los grandes capitalistas en el agro.

Es decir, en casi nueve años el Gobierno no ha intentado romper la fuerte concentración de la tierra y del agua, para nada ha promovido una verdadera reforma agraria (con la cual Correa ha expresado, una y otra vez, no estar de acuerdo), a pesar de que la redistribución de la tierra y del agua es un mandato constitucional.

En suma, la economía ecuatoriana durante el gobierno de Correa ha consolidado a varios grupos de poder económico tradicionales, al tiempo que han emergido otros a la sombra de las grandes inversiones del sector público. La lista de ganadores es larga: la banca, las empresas de construcción, los importadores, los agronegocios, los centros comercia­les, algunos industriales y exportadores, los diversos intermediarios de los intereses transnacionales, los consultores del Gobierno o del gran capital sobre todo asociado al Gobierno… Ese creciente gasto público ha permitido incrementar el consumo, situación que beneficia al sector privado intermedia­dor de bienes y servicios, mucho más que al productor. Esta realidad de enormes beneficios para el gran capital es inocultable.

Redistribución del ingreso, un lento proceso  para una “revolución”

“La pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza… repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza”. Rafael Correa (01/10/2011)

Ahora, ¿qué ha pasado con quienes no son dueños de los medios de producción ni del capital bancario? Veamos a continuación cuál ha sido la situación económica de las grandes mayorías de la población ecuatoriana: la clase trabajadora, sus familias y los desposeídos del sistema.

Mientras los grandes grupos económicos han sido los principales beneficiarios del correísmo, hay resultados para el resto de la población que merecen ser analizados. Es cierto que disminuyó la pobreza y la pobreza extrema, así como la desigualdad medida a través de los ingresos, pero hay más por escudriñar y analizar.

Entre 2007 y 2014 se observa una distribución más equitativa del ingreso. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). el coeficiente de Gini del ingreso per cápita pasó de 0,55 a 0,47: efectivamente hay una reducción en la desigualdad de ingresos entre las mayorías de la población[32]. Si se compara estos resultados con el período 2000-2006, en donde el coeficiente de Gini pasó de 0,57 a 0,54, se observa que en términos de desigualdad, los últimos 8 años han mostrado una mejor evolución que los primeros años posteriores a la crisis de tornasiglo[33].

Respecto a la incidencia de la pobreza también existe una importante reducción. El porcentaje de población pobre cayó del 36,7% en 2007 al 22,5% en 2014. Sin embargo, a diferencia de la desigualdad, el ritmo de reducción de la pobreza es menor al que se registró entre los años 2000-2006, bajando de 64,4% a 37,6%. Luego de una gran crisis, como la vivida en el tornasiglo, suele existir una fuerte disminución “inercial” de la pobreza. Después, en la medida que se alcanzan niveles de pobreza cada vez más bajos, se va volviendo cada vez más complicada su reducción.

Si bien estos resultados en términos de reducción de la pobreza son importantes, no son logros únicos del Ecuador. Según datos de la CEPAL, en promedio, América Latina -con una amalgama de gobiernos neoliberales y progresistas- ha disminuido su desigualdad, pasando de un coeficiente de Gini promedio simple de 0,52 en 2008 a 0,497 en 2013. Igualmente la pobreza muestra una importante reducción en la región pasando del 33,5% al 28,1% (según este indicador de la CEPAL la pobreza en Ecuador pasó del 42,7% en 2008 al 33,6% en 2013, diferente resultado al indicador publicado por el INEC)[34].

Ahora, si revisamos indicadores que tomen en cuenta la interacción entre las grandes mayorías y los dueños del capital, podremos ver que la estructura económica del país no es tan favorable a los grupos sociales populares como uno creería al revisar los mencionados datos de distribución del ingreso y pobreza.

Según informaciones del censo económico del 2010, un 44% de personas empleadas trabajaban en pequeñas empresas (1 a 9 personas), las cuales solo concentran un 20% del total de activos fijos (y un 24% de los ingresos). En cambio, las empresas de 100 trabajadores o más emplearon al 31% del total de trabajadores y concentraron un 52% de los activos fijos (y un 46% de los ingresos). Es decir, las empresas que menos trabajo generan son, al mismo tiempo, las empresas que concentran la mayor cantidad de activos fijos e ingresos. Así mismo, en donde hay una mayor concentración del capital existe una tendencia a requerir de menos trabajadores.

Considerando datos del Banco Central del Ecuador, para el año 2013 un 58% de los trabajadores empleados fueron asalariados, quienes participaron de un 36% del PIB por medio de sus remuneraciones. En cambio, un 3,7% de las personas empeladas fueron patronos dueños del capital, quienes participaron de un 26% del PIB. Además, los trabajadores por cuenta propia representaron un 38% del total de trabajadores y participaron de un 32% del PIB. Vemos así que un grupo muy reducido de personas concentra más de la cuarta parte de toda la producción del país. Aunque cabe reconocer que ha existido una reducción en la participación de los patronos respecto al PIB en comparación al año 2007 (35,6%).

Un caso particular de análisis es el sector agrícola, que posee problemas que no solo se expresan con una inequitativa distribución de la tierra, sino que incluso los niveles de ingresos laborales obtenidos por los trabajadores agrícolas (y en general por los trabajadores rurales) muestran una fuerte diferenciación respecto a los demás tipos de trabajadores. Así para diciembre de 2014, mientras que un jornalero o peón rural obtuvo en promedio un ingreso laboral mensual de 270 dólares, en cambio un empleado de gobierno urbano obtuvo un ingreso mensual de mil dólares. También entre empleados privados hay diferencias: mientras un empleado privado rural obtuvo en promedio 460 dólares al mes, en cambio un empleado privado urbano obtuvo 540 dólares al mes.

A nivel de ramas de actividad la situación también es compleja. En 2014 un trabajador agrícola rural obtuvo, como ya lo anotamos, un ingreso laboral mensual de 270 dólares. En contraste, los trabajadores del sector manufacturero recibieron ingresos laborales un poco más altos 410 dólares en el área rural y 500 dólares en el área urbana[35].

Como podemos observar, la economía ecuatoriana, a más de sus estructuras y prácticas oligopólicas, todavía posee enormes disparidades en la distribución del ingreso, la riqueza, la tierra, el capital e incluso en la distribución de los ingresos entre trabajadores (dando una importante ventaja a los empleados del Gobierno). Si bien en ciertos aspectos la situación ha mejorado, cabe hacerse al menos dos preguntas:

  • ¿Esas mejoras no son un efecto arrastre provocado por el fuerte ciclo creciente de los ingresos que en general los países capitalistas rezagados han logrado obtener por el crecimiento de los precios de los commodities?
  • ¿No ha sido muy lento el avance en aspectos de reducir la desigualdad luego de casi nueve años de un gobierno autoproclamado como “socialista” y “revolucionario” y en donde los trabajadores directamente involucrados en la administración pública parecen ser los grandes ganadores del proceso (junto con los grandes grupos económicos)?

Lo cierto es que con la actual crisis muchos de esos avances podrían estancarse o perderse, sobre todo porque todo señala que no se han sentado bases estructurales sólidas para enfrentar las embestidas externas. En otras palabras, no se construye una base económica endógenamente más sólida.

Hay otro dato en el cual se observa que la “revolución” se ha quedado corta. Mientras que en 2007 las tasas de subempleo y desempleo fueron del 49,58% y del 6,07% en el área urbana en 2007, para 2014 estas tasas pasaron a ser del 43,78% y el 4,54% respectivamente. En el caso del área rural, estas tasas bajaron del 76,92% y el 2,85% en 2007 a 67,63% y 2,25% en 2014. Es decir, todavía nuestro país posee niveles de subempleo y desempleo que, en conjunto, absorben a más de la mitad de la población trabajadora (especialmente en el área rural, lo que explica los menores ingresos laborales que esta área posee).

Ahora, especialmente en el caso del subempleo, hay que admitir que han existido reducciones. Sin embargo, esas reducciones han sido de un ritmo muy lento: entre 2007 y 2014 el subempleo urbano ha disminuido a un ritmo de menos de un punto porcentual por año (0,725 puntos porcentuales), mientras que en el área rural la disminución ha sido de 1,16 puntos porcentuales al año. Bajo estas condiciones, una proyección muy simple daría a entender que de aquí a 50 años la tasa de subempleo llegaría a un 7,5% a nivel urbano y 9,6% a nivel rural[36].

Es decir, al ritmo de la “revolución ciudadana” y asumiendo que no hay ninguna crisis, ni que se reduzca el ritmo de expansión del Estado, ni después de medio siglo lograríamos que el subempleo baje hasta igualar al desempleo (peor llegar a un pleno empleo, como debería ser el objetivo de un socialismo auténtico). Esto también es fiel resultado de la falta de una transformación productiva real en la economía.

Elementos para una propuesta anti-crisis

El precio del petróleo y por lo tanto las exportaciones petroleras, así como las inversiones y el gasto del Estado, caen. Disminuyen, por igual, las exportaciones no petroleras y las importaciones. Se reducen los depósitos y el crédito bancario, tanto como las reservas monetarias internacionales. Al mismo tiempo aumenta la percepción del Ecuador como país de riesgo en los mercados financieros internacionales (acorde al aumento del riesgo país) y esto encarece el financiamiento externo. Mientras tanto, suben la cotización del dólar en relación a las monedas de nuestros principales socios comerciales.

En este punto, la pregunta obvia es ¿qué hacer?

Luego de que hemos revisado los principales problemas que afronta la economía del país, así como también las acciones tomadas por el correísmo (y sus inacciones), que configuran su fracaso en construir una economía más dinámica y menos dependiente del mercado mundial, es necesario proponer alternativas[37] para afrontar la crisis. De hecho no podemos conformarnos con solo entender la realidad, sino que también debemos transformarla. En definitiva, no se trata de volver a la situación anterior a esta crisis; por ejemplo, no se puede sostener indefinidamente la burbuja consumista y menos aún el extractivismo desbocado.

Requerimos propuestas que ayuden a superar el bache, sentando las bases para cambios estructurales. Esas propuestas reclaman en especial el diálogo entre varios sectores sociales y populares, afectados estructuralmente por el capitalismo. A partir de establecer los puntos fundamentales de una propuesta surgida desde el campo popular, el diseño y la aplicación de otra política económica demandan una amplia participación social. Por tanto, los puntos que se proponen a continuación, como posibles acciones para afrontar la crisis y dar respuestas estructurales, constituyen apenas un primer esbozo para un manejo económico distinto al del correísmo y a las propuestas neoliberales que han comenzado a reflotar en medio del fracaso gubernamental.

Un punto fundamental de la acción anti-crisis y pro-cambios estructurales pasa por aceptar que no se puede tolerar que aparezca un pobre más como consecuencia de las políticas propuestas. Igualmente, el peso del ajuste debe recaer en los grandes grupos económicos, sobre todo en los mayores beneficiarios del correísmo, así como en las élites burocráticas en el Gobierno. La crisis no la pueden pagar los pobres y los estratos medios. Quien más gana y más tiene debe contribuir a resolver el problema.

1. Política fiscal austera y contra cíclica

En las actuales circunstancias se precisa una respuesta inteligente por parte del Gobierno, no vinculada a cálculos electorales. Hay que revisar la inversión y el gasto del sector público en función de su eficiencia y eficacia social y económica. Eso demanda su priorización, postergando o eliminando gastos e inversiones que no vayan a rendir frutos en el corto plazo, más aún, si son superfluas. Habrá que racionalizar parte del parque automotor y demás elementos logísticos del Gobierno (¿es necesario que el presidente de la República tenga dos aviones a su disposición?). Habría que postergar algunas construcciones que no son absolutamente prioritarias, sobre todo si no cuentan con financiamiento. También es indispensable reducir sustantivamente la propaganda oficial y desarmar el costoso aparataje que le sostiene, empezando por la SUPERCOM; así como aquellas instituciones dedicadas al espionaje a la ciudadanía.

2. Relocalización de subsidios

Un ejemplo directo de relocalización es el dejar de lado el subsidio a la gasolina para el transporte privado, al mismo tiempo que se establece la gratuidad del transporte público en las ciudades. Igualmente habría que subsidiar el transporte interprovincial e intercantonal para las personas. Se requiere también un sistema de subsidios al transporte de productos de primera necesidad (lo cual incluso puede contribuir a controlar la inflación), propiciando la dieselización del transporte masivo, tanto de carga como de personas (prohibiendo la circulación de vehículos a diesel privados, para que el subsidio energético se concentre en este derivado del petróleo).

Igualmente hay que replantear el subsidio al gas licuado de petróleo. Por ejemplo vendiendo este energético en bombonas de cinco kilos, con un rendimiento calórico menor para que sirva solo para cocción de alimentos. Esta acción demandaría la participación de empresas comunales, de los gobiernos autónomos descentralizados y de la empresa estatal de petróleo.

3. Repensar las políticas sociales

Se requiere un plan de transición para transformar las políticas sociales. Basta de clientelismo y despilfarro. Lo primero se resuelve fortaleciendo los derechos de la ciudadanía a la salud, la educación, el bienestar social. Además, no se puede seguir transfiriendo recursos a las empresas prestadoras de servicios, por ejemplo de salud, sin regularlas. Las empresas en este sector acumulan y concentran cada vez más, reduciendo su contribución impositiva.

Para empezar habría que prohibir que estas empresas estén domiciliadas en paraísos fiscales. Hay que terminar con la competencia desleal; siguiendo en el sector de la salud, debe haber una farmacia por barrio y comunidad en el campo; obligación que deben asumir en un determinado porcentaje también las grandes cadenas farmacéuticas. Ninguna empresa debería tener una participación en el mercado más allá de un límite, que habría que definirlo. Esto conduce al fortalecimiento de la empresa pública farmacéutica que debería elaborar medicamentos genéricos y disponer de canales de distribución de esos medicamentos.

De este modo surge la necesidad de exigir que instituciones como la Superintendencia de Control de Poder del Mercado pasen de ser meros espectadores de los procesos de concentración a actores con capacidad -incluso coercitiva- que les permita romper y redistribuir la propiedad de los mercados concentrados.

4. Aumento de impuestos a los grupos económicos más poderosos y reducción del IVA

El impuesto a la renta, que pagan las personas, debe incrementarse progresivamente desde el 35% actual, para todos los ingresos superiores al del presidente de la República. Igualmente es indispensable un reajuste de los ingresos de los servidores públicos de alto nivel, no tanto como medida que generará importantes ingresos fiscales, cuanto como señal de austeridad.

Debería plantearse la posibilidad de que, durante este período especial, ningún empleado público obtenga un salario mayor a un límite acorde a la realidad nacional de, por ejemplo, 3 mil dólares mensuales; nada descabellado si consideramos que el PIB por persona empleada del Ecuador para 2014 bordea los 1.200 dólares mensuales[38].

El impuesto a la renta a las empresas se mantendría en el 22% siempre y cuando las empresas se comprometan a sostener los niveles de empleo y de ingresos laborales actuales, caso contrario debería volver al 35% anterior. Y para enfrentar la crisis, será necesario establecer una contribución única y progresiva a los patrimonios de hasta un 10%, que empezaría en un 3% desde un millón de dólares, por ejemplo. Simultáneamente, así como se incrementan los impuestos a los que más tienen y más ganan, es necesario reducir un impuesto indirecto, por lo tanto regresivo, el IVA del 12 al 10%.

Tengamos presente que un incremento del 3,5% del monto total de los impuestos que paga el diez por ciento más rico de la población, generaría recursos suficientes para eliminar la pobreza en el país, tal como sostienen Carlos Larrea y Natalia Greene.

5. Un gran acuerdo productivo nacional

Uno de los objetivos de este paquete de medidas anti-crisis debe ser garantizar el poder adquisitivo de los salarios y el empleo. Por lo que será indispensable un gran acuerdo para conseguirlo. Es indispensable plantear este acuerdo con los medianos y pequeños productores del campo y la ciudad. Para afrontar la crisis es necesario que el Gobierno aliente la conformación de alianzas con esos sectores, sean emprendimientos privados, comunitarios, asociativos o cooperativos, favoreciendo especialmente a estos tres últimos que son la base de la economía solidaria.

El sistema de compras públicas debe reordenarse íntegramente para cumplir con este objetivo. Habrá que reducir sustantivamente o aún eliminar los excesivos trámites y costos que pesan sobre las pequeñas y medianas unidades productivas, por ejemplo para obtener los permisos fitosanitarios.

Se podría analizar si, para proteger el empleo, durante este período especial, no se debería permitir la distribución de utilidades en empresas que den paso a una reducción de su plantilla de trabajadores. Igualmente, si una empresa tiene problemas de competitividad debería llegar a acuerdos con sus trabajadores, por ejemplo, para no subir los salarios, pero entregar el contravalor en acciones de la empresa. También es tiempo para presionar a que las empresas reduzcan sus muchas veces exagerados márgenes de beneficio, sobre todo no acordes con la realidad de una economía dolarizada.

Como un elemento base de este acuerdo debe ser la construcción de una estrategia para la transición hacia el postextractivismo. No se puede amplia más la frontera petrolera, lo que incluye la no explotación de petróleo en el ITT y en el Bloque 31 del Yasuní, ni en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Tampoco se debe impulsar la megaminería, los agrocombustibles o los transgénicos. Hay que comenzar a construir una economía inspirada en los Derechos humanos y en los Derechos de la Naturaleza.

6. Líneas de crédito especiales

Para enfrentar la crisis (y sentar las bases para una transformación estructural) los pequeños y medianos productores deben tener acceso a líneas de crédito, sobre todo ahora cuando precisamente los bancos privados contraen el crédito (24,4% entre junio y julio). En respuesta, la banca pública tiene la capacidad de crear poder adquisitivo otorgando crédito a los productores. Tal crédito podría tomar las formas tradicionales de canalización de dinero líquido (que podría obtenerse reduciendo, por ejemplo, la propaganda gubernamental o reduciendo el tamaño del Estado eliminando a la burocracia dorada, consultores y asesores en exceso, por ejemplo), o a través de mecanismos de compensación donde el Gobierno sirve de agente que ayuda a entrelazar conexiones entre los diferentes pequeños y medianos productores para que se apoyen unos a otros.

Como se mencionó antes, para el año 2010 el 44% de los empleados trabajan en establecimientos con 1 a 9 personas y solo concentraron un 24% de los ingresos generados. Así, ante una contracción económica, este tipo de unidades productivas son altamente vulnerables y, sobre todo, la contracción de sus ingresos puede impactar negativamente de forma muy fuerte en la economía de la población. Por lo tanto, las líneas de crédito y las acciones propuestas en el punto anterior, deben tener en la mira a este sector de la economía.

7. Transformación agraria

Es urgente hacer cambios profundos en el agro. No se puede seguir favoreciendo a los agronegocios. El país requiere poner en marcha la soberanía alimentaria. Esto implica recuperar el control sobre nuestra propia agricultura y alimentación.  Es el derecho de los agricultores, en especial de los más pequeños, de los campesinos, en ejercer el control sobre la agricultura, y es el derecho de los consumidores y las consumidoras a ejercer el control sobre la alimentación.

Por lo tanto, entre los primeros pasos que son necesarios se incluyen: elevar el gasto público en agricultura y alimentación; impulsar programas de apoyo claramente dirigidos a los pequeños y medianos agricultores y campesinos; integrar las políticas de reforma agraria y redistribución del agua, y desenvolvimiento rural con las otras facetas de la política agroalimentaria; desmontar los subsidios perversos, que financian a grandes grupos empresariales, a través de agroquímicos y combustibles, para convertirlos en subsidios legítimos que apoyen a los pequeños agricultores, y que permitan su reconversión hacia prácticas más eficientes, de menor impacto ambiental, y orientadas al mercado interno; otorgar crédito oportuno y en condiciones apegadas a los ritmos de la agricultura y no a las demandas del capital; promocionar el uso de tecnologías y prácticas ecológica y socialmente responsables, potenciando el aprovechamiento de los conocimientos ancestrales.

Igualmente es indispensable que los campesinos puedan llegar con sus productos a los mercados, cuya adecuación deberá ser decididamente apoyada por el Estado. En este empeño hay que integrar los derechos de los pueblos indígenas; fomentar los servicios públicos e infraestructuras para asegurar una vida digna en el campo; pero, sobre todo, respetar a la Pacha Mama. Recordemos que actualmente en el Ecuador alrededor del 70% de la población económicamente activa rural se encuentra en condiciones de subempleo, “empleo inadecuado” o desempleo. Posiblemente este sea uno de los grupos más vulnerables al momento que la crisis se consolide.

8. Bono de Desarrollo humano y renta básica

Mientras en la actualidad el Gobierno promociona un bono de “desarrollo” que sigue una lógica clientelar-dependiente en la que al final una parte sustantiva termina en manos de las grandes cadenas alimentarias, nosotros proponemos un bono de desarrollo humano y productivo para el incentivo de procesos agropecuarios a nivel familiar y comunitario. El poder adquisitivo de este bono se incrementará siempre que  se compre en los mercados populares y en las ferias campesinas.

Simultáneamente habrá que desarrollar una renta básica en forma de derecho a toda la ciudadanía. Por ejemplo, bajo estimaciones preliminares, si la mitad de los fondos destinados a formación de capital se relocalizaran a ingresos laborales, todos los empleados al menos se asegurarían un ingreso mayor a los 400 dólares mensuales. Así, es necesario estimar un monto de dinero que sirva de renta básica para todos los habitantes del país (y disminuya efectivamente la segregación de los trabajadores entre desempleados, empleados, subempleados), renta que se debe pagar tomando fondos de la acumulación de capital que solo beneficia a la gran burguesía.

9. Control de cambios

La actual crisis, agravada por la rigidez cambiaria, exige respuestas eficientes y rápidas. Por lo tanto se precisa introducir un control, cambiario que permita manejar adecuadamente las divisas disponibles. Esto es aún más necesario para impedir una implosión catastrófica de la dolarización. Así, las divisas provenientes de las exportaciones deberían ser manejadas por el Banco Central del Ecuador, que tendría a su cargo diseñar y ejecutar un presupuesto para el uso de la divisas a partir de prioridades que aseguren la importación de bienes indispensables para la sociedad, como son las medicinas, y  para el aparato productivo, sobre todo para la producción de pequeñas y medianas empresas, sin favorecer las importaciones de grandes empresas con mayor capacidad de pago.

Aceptémoslo, la dolarización no puede ser el objetivo de la política económica. Incluso hay que saber que sin dolarización el rendimiento económico del país durante el boom petrolero, que está concluyendo, puedo haber sido mucho mejor. Y también debe quedar claro que si se puede salir de una manera ordenada de la dolarización; decisión que habría que asumirla de manera responsable antes de que la dolarización (sin dólares) nos expulse de forma atropellada.

10. El dinero electrónico

Nos guste o no, requerimos recuperar márgenes de acción en lo que se refiere a la política monetaria y cambiaria, siempre manteniendo la premisa de que el poder adquisitivo de los sectores populares no debe disminuir. Es necesario contar con cierta masa monetaria variable propia que sirva de colchón en la crisis y que, luego, permita ampliar los márgenes de acción de la política económica. La idea es formar una masa monetaria que vaya creciendo acorde al crecimiento económico del país, pero sin la urgencia de que existan flujos crecientes de exportaciones (pues si el Ecuador no exporta, no puede aumentar sus dólares sin recurrir a los mercados financieros; de modo que se tiene una masa monetaria fija con una producción creciente, lo que genera distorsiones en precios o en el volumen de transacciones).

Así, por ejemplo, mientras se mantenga la incautación de las divisas de exportación, las empresas exportadoras recibirían una parte de sus ingresos en un dólar electrónico ecuatoriano, que les servirían para pagar determinadas transacciones internas, como podrían ser impuestos o cancelar obligaciones bancarias o compras de bienes y servicios provenientes de otras empresas.

En este punto, para paliar las devaluaciones de los países vecinos, por ejemplo, los exportadores podrían recibir un monto mayor en dinero electrónico a los ingresos en dólares que realmente les corresponden (si es que esos montos contribuyen a sostener el poder adquisitivo de los salarios, asegurar los empleos y no solo financiar a las ganancias de los exportadores).

Igualmente el Gobierno podría pagar parte de la inversión pública con este dinero electrónico o en bonos (denominados en este dólar electrónico ecuatoriano), al que habría que asegurar su aceptación con un manejo económico que genere confianza. Los importadores de aquellos bienes no indispensables tendrían que cancelar un sobre precio al Banco Central por los dólares requeridos para realizar dichas compras externas en el exterior, que podrían ser cancelados con dinero electrónico. En línea con esta propuesta se podrían subastar estos dólares electrónicos para introducirlos en la economía.

Esto de ninguna manera debe implicar la confiscación de los dólares en manos de la ciudadanía, incluso si es necesario ampliar la presencia de este dinero electrónico en la economía nacional. Sin embargo, es necesario crear mecanismos de incentivos que motiven a la población a utilizar el dinero electrónico en vez de los dólares (p.ej. descuentos en pagos de servicios básicos o en la compra de productos de primera necesidad). Y por cierto el manejo de este dinero electrónico debe darse en márgenes de total responsabilidad, al margen de las apetencias electorales de cualquier Gobierno.

* * * *

En realidad estamos frente a un reto colectivo. Estos planteamientos deben posicionarse en un debate franco y abierto. Son propuestas para imaginar otro Ecuador de justicia, equidad, igualdad y libertad. No son reflexiones destinadas solo a superar la crisis. Superan ese corto plazo. Por lo tanto, se proyectan con fuerza en el largo plazo. Conllevan elementos estructurales. Y sobre todo exigen siempre más democracia. Eso implica superar, en todos los ámbitos, la restauración conservadora del correísmo, que pretende enraizar, con una serie de cambios forzados a la Constitución, un régimen cada vez más autoritario y caudillesco.

No se puede esperar que el Gobierno vaya a aceptar e impulsar este tipo de propuestas para enfrentar la crisis y transformar estructuralmente la economía. Tampoco lo harán las fuerzas de la derecha que se encuentran fuera del gobierno de Correa y que, en este momento de crisis, se están dando un verdadero festín reclamando el retorno al neoliberalismo y al FMI.

Deben ser las fuerzas populares las que asuman el reto y las que convoquen a un amplio acuerdo democrático nacional.

Hoy más que nunca toma sentido aquella frase que popularizó Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie, frase que podríamos completarla: desarrollo o Buen Vivir, en tanto esta opción de vida abre la puerta a un cambio civilizatorio que permita superar el capitalismo.

La lucha popular será la que defina ese futuro.


Notas:

[1] Solo la caída bursátil en China provocó que el precio del petróleo WTI cayera por debajo de los 40 dólares el barril.
[2] “El Código Integral Penal (COIP) y su potencial aplicación garantista” en La restauración conservadora del correísmo.
[3] Título del libro de varios Autores; La larga noche neoliberal – Políticas económicas de los 80, Instituto Sindical de Estudios e Icaria, Barcelona, 1993
[4] En realidad, se estima que los precios de los hidrocarburos perdían valor desde el año 2011 por concepto de la depreciación del dólar y porque se habían deteriorado relativamente los precios de los bienes industrializados.
[5] Y asumiendo un conjunto de supuestos, particularmente que las exportaciones en volumen mantienen el mismo crecimiento promedio que entre los años 2012-2014.
[6] Ver Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 91, Banco Central del Ecuador.
[7] Ver Jagdish Bhagwati; “Inmiserizing growth: A geometrical note”, en Review of Economic Studies, 1958. Así “el hecho de crecer no necesariamente genera condiciones positivas, si ese crecimiento afecta la realidad social y la realidad ambiental de un país”.
[8] Datos del Banco Central Europeo al 15 de septiembre de 2015.
[9] Datos del Banco Central de Colombia y del Banco Central de Reserva del Perú al 15 de septiembre de 2015.
[10] Esta hace referencia al aumento del nivel de precios cada doce meses, p.ej. agosto 2014 a agosto 2015.
[11] Sin minimizar la importancia de cubrir niveles de consumo adecuado para la población tradicionalmente marginada, no faltará alguien que, ingenuamente, encuentre en el consumismo hasta elementos democratizadores, sin considerar ni los patrones de consumo importados que se están consolidando y tampoco que la creciente demanda se satisface, cada vez más, con la oferta proveniente de la producción de los grandes grupos económicos y con bienes importados. Recordemos además que el consumismo encontró un soporte adicional en la dolarización que permitió una enorme expansión del acceso al crédito de los hogares y las empresas.
[12] Boletín de Financiamiento del Sector Público No Financiero agosto 2015, Banco Central del Ecuador. Para un resumen de las preventas realizadas hasta el momento ver Libremente.org, 30 de julio de 2015.
[13] En este segundo caso parece ser que la tasa de interés facial del bono en realidad también era del 10,5% pero al parecer con la ligera recuperación de los precios del petróleo registrada entre los meses de abril a junio, el valor de mercado del bono aumentó, de modo que la tasa de rendimiento efectiva se volvió más baja.
[14] Recordemos que originalmente se dijo que los cambios a los impuestos por las herencias generarían unos 50 millones de dólares, lo cual no llega ni al 0,5% del PIB según el propio gobierno, monto que incluso llegaría a ser menor con las últimas modificaciones a los proyectos, que representan una sesión gubernamental a la presión que ejerció la sociedad en las calles.
[15] Ver Pablo Ospina (2013). Ecuador: el nuevo período de gobierno y el cambio de la matriz productiva. Informe de coyuntura, julio 2013.
[16] Esto se conseguiría poniendo en marcha los proyectos Mirador (en Zamora Chinchipe, con la empresa china Ecuacorriente), Fruta del Norte (en Zamora Chinchipe, a manos de la canadiense Lundin Gold), Loma Larga (Azuay, en manos de la canadiense INV Metals), Río Blanco (Azuay, en manos de la canadiense Junefield) y Panantza-San Marcos (Morona Santiago, en manos de la china Explorcobres).
[17] Al respecto, conviene revisar el informe “Entretelones de la mega minería en el Ecuador”, a partir de una visita de campo en la zona del megaproyecto minero Mirador, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora-Chinchipe.
[18] William Sacher y Alberto Acosta (2012). La minería a gran escala en Ecuador. Quito: Abya-Yala.
[19] 1 onza troy » 31,1035 gramos
[20] Datos de precios de productos primarios del Banco Mundial a septiembre de 2015.
[21] “Por el contrato de construcción, de fiscalización y otros, se estiman generaran USD 243 millones por concepto de IVA, valores que se revierten al Estado y por lo tanto no deben considerarse como un costo para el país por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair”, mientras que por obras de compensación y la construcción de una vía de acceso al embalse se deben considerar gastos de 20,9 y 39 millones de dólares respectivamente, quedando por explicar 546 millones. Ver artículo de Arturo Villavicencio (2015). El cambio de matriz energética bajo sospecha, Plan V, mayo 28 de 2015.
[22] Arturo Villavicencio (2014). Un cambio neodesarrollista de la matriz energética. Rebelion.org.
[23]  Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo (2015). 8 años Revolución Ciudadana, página 38.
[24] Este monto incluye la última reducción del 10% aplicado a los sueldos de funcionarios de Gobierno de nivel jerárquico superior.
[25] Porcentaje de personas de 18 a 24 años matriculadas en educación superior respecto al total de personas con esa edad.
[26] Datos obtenidos directamente de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano Rural.
[27] Si bien, a nivel oficial se argumenta que metodológicamente desde 2012 las cifras de tasa neta de matriculación en educación superior no son comparables con años anteriores pues no toman en cuenta los cursos de nivelación impartidos por la SENESCYT, incluso aceptando esta argumentación, entre 2012 y 2013 la tasa de matriculación decrece dos puntos porcentuales. Aquí además (al igual que con los cambios metodológicos en las estadísticas de empleo) cabe la duda de pensar por qué no se tomaron precauciones y esfuerzos por mantener comparabilidad en las tendencias históricas, más aún en el caso de la educación superior, donde el cambio metodológico complica la capacidad de evaluar los impactos netos de la implementación del examen de ingreso a las universidades.
[28] 500 mayores empresas del Ecuador, Vistazo, septiembre 25 de 2014.
[29] Ibíd.
[30] Ibíd., y censo económico 2010.
[31] Boletines mensuales de bancos privados. Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.
[32] Tomemos en cuenta que en el Ecuador el coeficiente de Gini se calcula a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano-Rural ENEMDUR, la cual es una encuesta de empleo y en donde no se miden las utilidades de las grandes empresas, de modo que el coeficiente de Gini no refleja a la perfección la distribución especialmente de los grupos más altos de ingresos. Sin embargo, este no es un problema estadístico solo del Ecuador, sino a nivel mundial en el análisis de la desigualdad.
[33] Si bien estos resultados parecen alentadores (y son uno de los caballos de batalla del correísmo), estimaciones propias parecen indicar que la desigualdad en los últimos años ha disminuido principalmente por una reducción de la desigualdad al interior de las distintas clases sociales que componen a la economía nacional (p.ej. mayor igualdad entre trabajadores de un mismo tipo), pero la desigualdad entre diferentes clases sociales (p.ej. desigualdad entre trabajadores y capitalistas) parece mantenerse prácticamente intacta en todo el período 2000-2014.
[34] CEPALSTAT.
[35] Datos estimados a partir de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano Rural a diciembre de 2014.
[36] Proyección a partir de promedios.
[37] Algunas reflexiones adicionales se pueden encontrar en el libro. El país que queríamos.
[38] PIB de 100 mil millones de dólares/(7 millones de empleados * 12 meses) = 1.190 dólares por mes por empleado.

A. Acosta y J. Cajas Guijarro son economistas ecuatorianos. Publicado en Sin Permiso, 21 octubre 2015, aquí …